Córdoba aprobó la ley que prohíbe limpiavidrios y habilita arrestos para naranjitas ilegales
Escrito por andres el 9 de abril de 2026
Tras un extenso debate cargado de tensión, la Unicameral aprobó la ley que prohíbe limpiavidrios y habilita arrestos para naranjitas no autorizados por los municipios. El oficialismo defendió el ordenamiento, mientras la oposición denunció falta de gestión del peronismo en el poder y “criminalización de la pobreza”.
Con demoras y en medio de reproches de la oposición, la sesión clave de la Legislatura de Córdoba comenzó pasadas las 16, más de tres horas después del horario previsto. Los radicales Oscar Saliba y Ariela Szpanin cuestionaron al oficialismo por la tardanza y reclamaron respeto por las convocatorias, al señalar que permanecieron en sus bancas mientras el recinto mostraba escasa presencia del peronismo.
El eje del debate que acaparó la mayor atención fue la reforma del Código de Convivencia Provincial que el oficialismo logró aprobar esta noche con amplio margen. La iniciativa prohíbe la actividad de limpiavidrios en la vía pública, delega en los municipios la habilitación de cuidacoches y establece arrestos para quienes operen sin autorización. Se trata de un rediseño del control del espacio público que combina prohibición y regulación, con un endurecimiento de sanciones para la actividad informal con epicentro del problema en la capital cordobesa.
El bloque de Hacemos Unidos por Córdoba se aseguró una amplia mayoría para sancionar la norma, que sintetiza iniciativas de distintos legisladores —entre ellos Oscar Agost Carreño, Matías Gvozdenovich, Matías Chamorro y Gregorio Hernández Maqueda—, aunque con una redacción final impulsada por el Ejecutivo de Martín Llaryora. La propuesta del liberal mileista de prohibición total de los naranjitas no prosperó, pero sí se avanzó en un esquema de control más estricto, según la defensa oficialista.
La UCR y el PRO acompañó en general, aunque el radicalismo rechazó artículos en particular al no ser atendidos sus aportes para «mejorar la ley». Los boina blanca, con Brenda Austin como principal vocera, pidió ajustes jurídicos y mayor alcance para los programas de reinserción sociolaboral, pero no tuvo eco en el oficialismo.
A su turno, Gvozdenovich fue muy crítico con el PJ al afirmar que “estamos discutiendo las consecuencias de la falta de control” y que el proyecto “surge como respuesta a una evidente falta de gestión” del intendente Daniel Passerini. No obstante, reconoció la necesidad de contemplar la dimensión social para la reconversión laboral: “Debemos generar capacitaciones para aquellos que trabajan en la calle en busca del sustento diario y brindarles nuevas oportunidades en el mercado laboral, para ello, la universidad provincial podría cumplir un rol fundamental».
Entre los apoyos condicionados, Oscar Tamis (PRO) coincidió en que se trata de un problema principalmente de la ciudad de Córdoba y advirtió que el fenómeno no se replica en el interior, mientras que Dante Rossi apuntó a la “impericia” de la gestión municipal y pidió no simplificar el debate, al remarcar que conviven situaciones delictivas con contextos de vulnerabilidad. En la misma línea, el vecinalista Gerardo Grosso acompañó en general, pero cuestionó la “provincialización” del problema y advirtió que el Estado no puede delegar responsabilidades. Además, pidió un plazo de transición más amplio para que los municipios puedan regularizar la actividad.
